A 54 días de bloqueo ilegal y contando… y un millón de toneladas de producción perdida estimada

 

Desde el pasado 24 de mayo, nuestra comunidad ha estado sumida en una crisis sin precedentes debido al paro ilegal llevado a cabo por el Sindicato Minero. Con 54 días de duración, este bloqueo ha dejado una estela de destrucción económica y social que no puede ser ignorada.

 

 

Es importante recalcar que tanto la entrega de la carátula de la declaración de impuestos como el reparto de utilidades se realizaron en tiempo y forma al Sindicato Minero. El pago correspondiente al 10% de utilidades se efectuó el 27 de mayo, rebasando el límite de 3 meses que debió aplicarse conforme a la fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que fue recientemente declarado constitucional por la SCJN.

 

El sindicato tiene derecho a solicitar una revisión del monto de las utilidades y del proceso de reparto; sin embargo, esto debe hacerse a través de las vías legales, mediante impugnación de la declaración con la Secretaría de Hacienda y no mediante el secuestro y la paralización de las operaciones sin ningún sustento legal.

 

A pesar de los múltiples recursos legales interpuestos, la naturaleza jurídica de la situación sigue siendo la misma: no es una huelga, es un paro ilegal. Ninguna acción jurídica ha determinado la existencia de una huelga como tal. Por lo que el sindicato no ha tenido, ni tiene ningún derecho a ejercer la posesión de las instalaciones ni a impedir el acceso a las instalaciones, por lo que están cometiendo un delito de despojo y secuestro de instalaciones estratégicas para la nación.

 

La Secretaría del Trabajo ha intentado mediar ofreciendo propuestas adicionales a los requerimientos legales, realizar auditorías fiscales, ofrecer compensaciones económicas sin que exista una obligación laboral o legal para la empresa e incluso se le solicitó a la empresa que garantizara que no habría represalias a nivel personal o colectivo. Sin embargo, estas ofertas fueron rechazadas.

 

La intransigencia del sindicato al no aceptar soluciones razonables y su insistencia en el secuestro de las instalaciones para exigir pagos sin fundamento legal puede ser tratado como una forma de extorsión. Esta postura va en contra de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe tales prácticas ilegales. Por ello, la empresa se ha visto obligada a tomar medidas legales tanto a nivel individual como colectivo para protegerse de estas acciones.

 

 

 

La Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial reportan una caída del 50% en las ventas del comercio local y un 60% en las compras del sector terciario. Más de 7000 personas han dejado de beneficiarse de los programas de inversión comunitaria, y 200 operadores y transportistas han perdido su empleo. El 85% de los empleados de empresas contratistas están ahora sin trabajo. La afectación llega a más de 50,000 familias que dependen directa o indirectamente de la empresa como fuente de trabajo.

 

Se han impactado negativamente las cadenas de suministro y generación de valor, asociadas como en el sector de la construcción, manufactura general, la industria automotriz, distribución nacional e internacional, entre otras.

La falta de estado de derecho y paz laboral ha detenido futuras inversiones en nuestra región, en Lazaro Cardenas, Michoacán.

 

 

ArcelorMittal ha sufrido gravemente. La producción de acero se ha detenido, resultando en una pérdida estimada de un millón de toneladas (800KT a la fecha, mas 200kt en proceso de arranque). Las cancelaciones de pedidos y la pérdida de clientes han sido muy importantes, será difícil recuperar el mercado.  La confianza de proveedores y clientes se ha visto erosionada, afectando la reputación y la eficiencia operativa de la empresa. Las penalizaciones y demoras en la empresa y el puerto han causado pérdidas millonarias y dañado las relaciones comerciales y financieras de la empresa en general.

 

 

Hoy por hoy, los resultados de utilidades esperadas para este año 2024, a pagarse en 2025, se han evaporado gracias al bloqueo ilegal. Incluso la interrupción de la producción normal tendrá repercusiones durante todo lo que resta del año, ya que se verán mermados los bonos de desempeño y resultados que eran parte de la compensación salarial de trabajadores y empleados, afectando así el ingreso y bienestar de miles de familias.

 

ArcelorMittal manifiesta su profunda preocupación ante la persistencia del paro ilegal. Resulta alarmante que, pese a haber cumplido y superado las obligaciones legales, ofreciendo propuestas más allá de lo requerido, el estado de ilegalidad prevalezca. Es sorprendente y preocupante cómo un sindicato puede detener una industria completa de manera ilegal. Esta situación es un reflejo preocupante de la fragilidad del estado de derecho y la falta de mecanismos efectivos para garantizar la legalidad y el orden que la empresa ha solicitado desde hace más de 50 días.

 

La empresa cuenta con el Contrato Colectivo más favorable para sus trabajadores dentro de la industria en México, situando sus ingresos hasta cinco veces por encima del promedio nacional. Este contrato incluye beneficios destacados como un aguinaldo de 54 días, 13 días festivos al año, un plan de retiro, prima vacacional de 724% del salario correspondiente a los días de vacaciones, vacaciones pagadas con sueldo integrado, entre muchas otras prestaciones y beneficios adicionales. Es evidente que es crucial preservar este contrato colectivo; sin embargo, también es fundamental reconocer que, sin la existencia de la empresa, el contrato no tendría ningún valor. Por lo tanto, el llamado es a unirse por el rescate de la empresa, sustento del contrato colectivo y fuente laboral para beneficio para miles de familias.

 

 

Es vital que todos los miembros de nuestra comunidad comprendan la magnitud de esta crisis. El paro ilegal no solo ha impactado a ArcelorMittal, sino a toda nuestra comunidad. La estabilidad y el progreso económico de Lázaro Cárdenas y el estado de Michoacán están en juego. Debemos unirnos para restaurar la paz laboral y asegurar un futuro próspero para todos. Solicitamos la intervención de todas las autoridades del ámbito local y nacional para restablecer la legalidad y el estado de derecho normalizando las operaciones de ArcelorMittal.